A pocos meses de haber ocurrido el caso de la señora Carlota “N” que abrió fuego contra habitantes invasores en una propiedad de su pertenencia ubicada en el municipio de Chalco, Estado de México, Octavio Romero Oropeza, director de Infonavit anunció una iniciativa de regularización que ha escandalizado a representantes del sector mobiliario y la industria de la vivienda.
De acuerdo con un censo realizado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores existen al menos 145 mil viviendas Infonavit habitadas de forma irregular y la estrategia de la institución para solucionar este problema es permitir que los invasores compren las casas a un menor costo.
Pero ¿Qué implica realmente esta propuesta para las casas de Infonavit?
¿En qué consiste la regularización de viviendas invadidas del Infonavit?
Esta iniciativa busca la regularización de viviendas invadidas del Infonavit, permitiendo a quienes actualmente habitan ilegalmente esas casas adquirirlas a bajo costo o mediante créditos especiales.
El objetivo del programa, según el Infonavit, es rescatar más de 145 mil casas con crédito Infonavit que fueron abandonadas por sus dueños originales, muchas de las cuales han sido invadidas desde hace años por personas que, por necesidad, se establecieron allí. El plan contempla convertir estas propiedades en casas de remate Infonavit, para integrarlas nuevamente al mercado de vivienda formal.
El proceso de regularización consistiría en dar certeza jurídica a quienes ocupan estas casas sin un título legal. Se plantea crear un mecanismo para que puedan comprarlas o acceder a un crédito, siempre que cumplan con ciertos requisitos como uso pacífico de la propiedad, mejoras realizadas y disposición para pagar por el inmueble.
Sin embargo, esta propuesta no tuvo la reacción positiva y esperanzadora que probablemente estaban contemplando.
Posibles consecuencias de la regularización
De acuerdo con el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) 73.7 millones de mexicanos no cuentan con vivienda propia. Además, en los últimos 10 años, los costos de casas y departamentos ha aumentado un 350%, lo que dificulta aún más la posibilidad de los mexicanos para tener una propiedad a su nombre, incluso si cuentan con créditos como los del Infonavit.
El caso de la regularización de las casas de Infonavit ha causado indignación debido al gran problema de invasión y robo en la industria inmobiliaria que México tiene en la actualidad.
Daniel Rosas, abogado perteneciente al bufete legal RRC Abogados declaró que “Las viviendas abandonadas no afectan los derechos de las personas, las viviendas invadidas sí”.
El licenciado Rosas explicó también que una casa que se obtiene mediante un crédito Infonavit y se deja de pagar, se convierte en el colateral de una hipoteca, pero si es invadida, esta acción impide que la casa pueda rematarse y ser adquirida de forma legal por personas con los medios para realizar la transacción.
Además, la mayoría de las casas de Infonavit invadidas fueron abandonadas por sus dueños debido a que se encontraban en zonas muy alejadas o poco accesibles, y si bien las casas deshabitadas puede que no se vean estéticas a nivel urbano, no afectan los derechos de sus propietarios, pues fue su decisión no habitarlas.
Por otro lado, las casas invadidas y tener que cederles su propiedad por un costo menor al que pagaron los dueños originalmente como parte de la reforma de regularización, afecta los derechos de posesión de los individuos.
De acuerdo con representantes de desarrolladoras inmobiliarias, legalizar una vivienda invadida de Infonavit podría sentar un precedente grave: el mensaje de que invadir propiedad privada puede resultar en beneficios, como adquirir una casa a bajo costo o sin enfrentar consecuencias legales.
Adicionalmente, también existe la preocupación de que esto desincentive a las personas que pagan sus créditos de manera puntual, ya que muchos compradores legales de casas con crédito Infonavit hacen grandes esfuerzos por cumplir con sus obligaciones.
También hay implicaciones en cuanto a la seguridad jurídica. La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) advirtió que esta medida podría fomentar más invasión de vivienda, al generar expectativas de que, eventualmente, esas ocupaciones serán legalizadas.
Ante esta preocupación, Octavio Romero Oropeza aclaró que los invasores de casas de Infonavit que tengan denuncias de despojo presentadas ante el Ministerio Público no podrán ser partícipes del programa de regularización.
Es decir, si una familia invadió una propiedad y los dueños originales los denunciaron por despojo, no podrán adquirir el inmueble por un menor costo como propone la iniciativa, aunque poco ha hecho esta aclaración para apaciguar la desaprobación de acreedores al crédito Infonavit y trabajadores del sector mobiliario.
Por otro lado, en términos financieros, esta regularización podría tener un impacto en la valuación de las propiedades en ciertas zonas. Si muchas viviendas se venden a precios muy bajos por haber sido invadidas, esto podría devaluar otras casas de Infonavit en el mismo sector.
Reacción ante la iniciativa
La propuesta ha causado división entre distintos sectores. Por un lado, organizaciones sociales y defensores del derecho a la vivienda la ven como una solución viable para miles de familias que no tienen acceso a crédito y han ocupado estas viviendas como último recurso. Consideran que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a una vivienda digna, y que esta podría ser una forma de avanzar en ese sentido.
Por otro lado, la reacción empresarial ha sido mayoritariamente negativa. Desarrolladoras y asociaciones del sector inmobiliario han rechazado el plan, argumentando que legalizar la ocupación irregular no solo pone en riesgo la inversión en vivienda, sino que también genera un marco legal confuso y poco confiable para futuros compradores.
Daniel Rosas declara que el Infonavit debería hacer cambios legales a su reglamento para no caer en un crimen, pues la institución no puede esperar que los dueños legales no van a hacer nada y permitirán sin más que invadan sus propiedades y que los “paracaidistas” se las compren por un precio considerablemente menor.
Incluso la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha señalado que la denuncia por invasión de vivienda sigue siendo válida y que, si una persona es propietaria legal de una vivienda invadida, puede exigir la recuperación de su bien mediante procedimientos judiciales. La propuesta del Infonavit no sustituye el derecho del propietario a presentar una denuncia ni elimina las vías legales existentes para defender su patrimonio.
La propuesta de regularización de casas invadidas del Infonavit ha abierto un debate complejo que involucra el derecho a la vivienda, la propiedad privada, y la función del Estado en la solución de un problema creciente. La decisión final deberá considerar tanto el impacto social de dejar en el abandono miles de viviendas, como los riesgos de legalizar ocupaciones irregulares.
En cuanto a las personas cuyas propiedades han sido invadidas, como la señora Carlota “N”, lo recomendable es que comiencen el proceso legal correspondiente para expulsar a los invasores y recuperar sus viviendas.
En RRC abogados, los expertos en Derecho Urbanístico pueden brindarles la guía necesaria para llevar a a cabo el proceso de recuperación de la propiedad y las acciones civiles pertinentes para que, mediante una sentencia de orden civil, pueda ordenarse el desalojo de los invasores y no tengan la posibilidad de pelear la casa.
