Recibir una sanción de una autoridad puede representar un problema importante para cualquier empresa, especialmente cuando la multa afecta sus finanzas, permisos o incluso la continuidad de sus operaciones. Sin embargo, recibir una sanción no significa que necesariamente deba pagarse sin revisarla.
Conoce qué es una multa administrativa, las razones por las que se pudo haber impuesto y qué medios de defensa permiten a las empresas tomar decisiones oportunas y proteger sus derechos.
¿Qué son las multas administrativas?
Las multas administrativas son sanciones económicas que una autoridad puede imponer cuando considera que una persona o empresa incumplió una obligación establecida en una ley, reglamento, permiso o disposición administrativa. No necesariamente están relacionadas con la comisión de un delito.
De acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), las sanciones administrativas deben estar previstas en las disposiciones aplicables y pueden incluir, además de la multa, amonestaciones, multas adicionales por cada día que continúe la infracción, clausuras y otras medidas.
Entonces, ¿qué es una multa administrativa en la práctica? Puede surgir, por ejemplo, por incumplir requisitos de funcionamiento, obligaciones sanitarias, disposiciones de protección al consumidor, permisos, normas ambientales o reglas aplicables a determinadas actividades empresariales.
Antes de pagar, es importante revisar quién impuso la sanción, qué conducta se considera una infracción, qué norma la fundamenta, cómo fue notificada y cuál es el plazo para defenderse. Estos elementos pueden ser relevantes para determinar si existen irregularidades que permitan combatirla.
Tipos de multas administrativas
Los tipos de multas administrativas dependen principalmente de la autoridad y de la legislación que regule la actividad de la empresa, pues en sí lo que se clasifican son las infracciones de las que derivan las multas.
Entre las principales faltas que puede cometer una empresa y son merecedoras de multas se encuentran:
- Infracciones fiscales y tributarias: Se aplican en casos como omisiones o retrasos en las declaraciones de impuestos ante el SAT.
- Infracciones ecológicas y ambientales: Pueden aplicarse a empresas cuya operación pone en riesgo el medio ambiente o carece de los permisos para trabajar en una zona protegida.
- Infracciones laborales y de Seguridad Social: Son faltas que atentan directamente contra los establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley del Seguro Social e implica acciones como no cumplir con los protocolos de seguridad o no cumplen con las capacitaciones correspondientes dependiendo del negocio.
- Infracciones sanitarias y de funcionamiento: Se aplican a las empresas que operan un local sin los permisos de uso de suelo correspondientes y/o carecen de la higiene adecuada para atender clientes y ofrecer servicios.
- Infracciones de protección al consumidor: Son gestionadas y aplicadas por la PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor) cuando detecta que una empresa maneja publicidad engañosa o precios desmedidos.
También es importante distinguir entre una multa administrativa y una multa fiscal. Aunque ambas pueden representar una obligación económica, su origen y los medios de defensa pueden ser diferentes.
Una sanción puede cuestionarse, entre otras razones, cuando la autoridad no era competente, la notificación fue incorrecta, no se explicaron adecuadamente los fundamentos de la resolución, no existen pruebas suficientes o el monto de la multa resulta contrario a las reglas aplicables. La Constitución, además, prohíbe las multas excesivas.
¿Cómo se impugna una multa administrativa?
La respuesta a cómo se impugna una falta administrativa depende de la autoridad que emitió la resolución, la materia y la legislación aplicable. Por ello, el primer paso es identificar correctamente el acto y revisar el plazo disponible.
Una de las opciones puede ser presentar un recurso de revisión. En el ámbito federal, la LFPA contempla este recurso contra determinados actos y resoluciones administrativas que ponen fin a un procedimiento, una instancia o resuelven un expediente; el plazo previsto por dicha ley es de 15 días posteriores a aquel en que surta efectos la notificación.
Otra posibilidad es promover un juicio de nulidad ante el tribunal administrativo competente. En materia federal, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regula este medio de defensa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Dependiendo del caso, existen diferentes vías y plazos, por lo que deben revisarse las características concretas de la resolución. Por ejemplo, si se quiere iniciar un juicio contencioso administrativo local, la demanda debe presentarse en máximo 15 días hábiles, mientas que la impugnación de multas federales admite la presentación de la demanda hasta 30 días después de que llegó la multa.
Finalmente, en determinados supuestos puede proceder un juicio de amparo, particularmente cuando se plantea la vulneración de derechos constitucionales o se actualiza alguna de las excepciones a la regla de acudir primero a otros medios de defensa. No debe considerarse automáticamente como sustituto de los recursos administrativos o del juicio contencioso.
Por ello, si tu empresa recibe una multa, conserva la calma. Conserva la notificación y todos los documentos relacionados, identifica los plazos, analiza la legalidad de la resolución y consulta a un abogado experto en Derecho Civil, Mercantil, Penal o Administrativo como los especialistas de RRC Abogados para determinar, basándote en los datos y evidencia, si la multa puede impugnarse o debes cumplir con el pago de la misma.
